En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron este viernes allanamientos simultáneos en todas las sedes del organismo y en las oficinas de la droguería Suizo Argentina, señalada como presunta intermediaria en el esquema de retornos en la compra de medicamentos.
Uno de los operativos tuvo lugar en la sede central de ANDIS, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen al 1400, en el barrio porteño de Monserrat, donde entre cinco y siete efectivos ingresaron para inspeccionar las instalaciones y registrar documentación. Según testigos, los agentes prohibieron el ingreso de la prensa y leyeron un acta a las personas que se encontraban en el lugar mientras grababan el procedimiento.
Fuentes judiciales informaron que el objetivo de los allanamientos fue buscar documentación clave solicitada por el juzgado en el expediente que investiga un entramado de corrupción que involucra al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, y a los directivos de la droguería Suizo Argentina, entre ellos Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
Las medidas fueron ordenadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes también dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, lo que permitirá a la Justicia acceder a información financiera y tributaria de los involucrados.
Desde el inicio de la causa, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestro de celulares, bloqueo de cajas de seguridad y prohibición de salida del país de los principales acusados. También se incorporaron pruebas como dinero en efectivo incautado en vehículos e imágenes de cámaras de seguridad del barrio privado La Isla, en Nordelta.
La investigación se originó tras la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban supuestos pagos de coimas en la compra de medicamentos, con referencias directas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal colaborador, Eduardo “Lule” Menem.
El avance de estas medidas judiciales refleja la creciente gravedad del caso, que ya se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el oficialismo.