Casación ordena decomisar bienes en la causa Vialidad y avanza sobre propiedades de Cristina Kirchner y Báez

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con el decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad y rechazó los planteos presentados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Qué resolvió la Justicia

La Sala IV del tribunal ordenó ejecutar 111 inmuebles con el objetivo de resarcir al Estado por un perjuicio estimado en $685.000 millones.

Entre los bienes alcanzados se incluyen:

  • Propiedades vinculadas a Cristina Kirchner
  • Inmuebles de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner
  • Más de 80 propiedades pertenecientes a Báez y sus कंपनías

El criterio del fallo

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron el decomiso al considerar que no es necesario reconstruir de manera exacta el recorrido del dinero.

Según el fallo, alcanza con demostrar:

  • Coincidencia temporal entre el incremento patrimonial y los hechos investigados
  • Una vinculación económica razonable con la maniobra

La postura de las defensas

Los abogados de los involucrados habían cuestionado la medida al sostener que:

  • Parte de los bienes fueron heredados de Néstor Kirchner
  • Otros fueron adquiridos antes del período investigado
  • No existiría vínculo directo con fondos ilícitos

Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó esos argumentos.

Una disidencia parcial

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso revisar el decomiso de bienes heredados por los hijos de la exmandataria, aunque su postura no prosperó.

Qué pasará ahora

Los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de administrarlos y eventualmente avanzar con su venta.

El contexto de la causa

La causa Vialidad investigó un esquema de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas.

En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.