El Gobierno de Estados Unidos respaldará nuevamente a la Argentina en uno de los capítulos más sensibles del juicio por la expropiación de YPF. En las últimas horas, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó que volverá a presentarse como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor del país ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La intervención busca influir en la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital, el fondo que en 2023 fue declarado beneficiario del juicio y que reclama una indemnización de USD 16.000 millones por la forma en que se ejecutó la expropiación en 2012.
El documento será presentado en los próximos días y estará firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta no es la primera vez que Washington interviene: ya lo había hecho durante la gestión de Joe Biden, cuando se recomendó que no se hiciera lugar al pedido de Burford por considerar que violaba principios de inmunidad soberana.
“La intervención del Gobierno de EEUU apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. No obstante, advirtió que por ahora el respaldo no incluye la totalidad del fallo ni la transferencia de acciones ordenada por Preska.
Mientras tanto, la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro avanzan en una estrategia diplomática para que más países se sumen como amicus curiae del país sudamericano. Aunque no hay confirmación oficial, se mencionan como posibles aliados a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, y a Italia, Francia y Alemania desde Europa.
La postura estadounidense se apoya en un argumento legal clave: los jueces federales norteamericanos no pueden ejecutar bienes soberanos de otros países situados en su propio territorio. Esta doctrina, sostenida durante años por distintos gobiernos, fue expresada por el exfiscal Damian Williams en una presentación de 2024, donde advirtió que acceder al pedido de Burford violaría la inmunidad soberana de Argentina.
A pesar de estas presentaciones, la jueza Preska —de perfil conservador y cercana al Partido Republicano— decidió avanzar hace 10 días con el traspaso de las acciones. Ahora será la Corte de Apelaciones la que tendrá la última palabra.