El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con enfermedades oncológicas.
La medida fue establecida mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y modifica un esquema que se encontraba vigente desde 2018.
Qué cambia con la nueva medida
A partir de ahora, el Estado dejará de pagar subsidios a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo distintos regímenes especiales contemplados por ley.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que el derecho de los beneficiarios a viajar sin costo continuará vigente y que las empresas seguirán obligadas a otorgar los pasajes gratuitos.
La decisión alcanza a los beneficios establecidos en:
- la Ley 22.431 de discapacidad
- la Ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera
- la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer
Qué argumentó el Gobierno
Según explicó la Secretaría de Transporte, la medida se vincula con el nuevo esquema de desregulación del transporte automotor de larga distancia implementado tras el Decreto 883/2024.
Desde entonces, las empresas pueden definir:
- recorridos
- frecuencias
- tarifas
- modalidades de servicio
bajo un esquema más flexible.
En ese contexto, el Gobierno consideró que ya no correspondía mantener las compensaciones económicas estatales para las compañías.
Qué pasará con los pasajes gratuitos
La resolución remarca que el beneficio para los usuarios no fue eliminado y seguirá siendo obligatorio para las empresas de transporte.
Además, se estableció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar que las compañías cumplan con la entrega de pasajes sin costo a quienes estén alcanzados por las leyes vigentes.
Cómo seguirá la implementación
La normativa también incluyó una cláusula transitoria para garantizar la continuidad de los trámites y beneficios ya iniciados antes de la entrada en vigencia de la resolución.
El cambio generó preocupación entre organizaciones vinculadas a discapacidad y salud, que advierten sobre posibles dificultades para acceder a los pasajes en un contexto de menor intervención estatal sobre el sistema de transporte.