El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central Santiago Bausili fueron denunciados este viernes ante la Justicia federal por presuntos delitos contra la soberanía nacional, a raíz de la supuesta delegación de la política cambiaria argentina en los Estados Unidos.
La presentación judicial, sorteada en los tribunales de Comodoro Py y que recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por Julián Ercolini, fue impulsada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatan Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, junto a organizaciones como Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Según el texto de la denuncia, los funcionarios del Ejecutivo “habrían permitido la intervención fáctica de una potencia extranjera —Estados Unidos— en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, delegando de manera “ilegal y de facto” las decisiones sobre la política cambiaria nacional.
Los denunciantes sostienen que esta supuesta cesión se concretó mediante la participación directa del Tesoro de los EE. UU. y de bancos internacionales como Santander, Citi y J.P. Morgan, que habrían operado “comprando pesos argentinos con el objetivo explícito de intervenir en la cotización del dólar financiero (CCL)”.
El escrito judicial agrega que el presidente Milei “habría negociado personalmente con Donald Trump esa delegación”, mientras que Caputo fue quien implementó el acuerdo junto al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, con la anuencia del Banco Central.
Los denunciantes califican los hechos como de “extrema gravedad institucional”, argumentando que no existen antecedentes en la historia argentina —ni siquiera durante gobiernos de facto— de una cesión tan directa de facultades soberanas. Además, aseguran que la intervención estadounidense no fue “desinteresada”, sino que estuvo acompañada de condiciones y exigencias vinculadas a inversiones estratégicas en sectores como energía, minería, uranio, litio y petróleo.
Los delitos imputados
En el documento se solicita investigar a los funcionarios por una serie de delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos:
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265).
- Infidelidad diplomática y delitos que comprometen la dignidad de la Nación (art. 225).
- Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249).
- Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5°).
- Agiotaje financiero (art. 309).
Los impulsores de la denuncia calificaron a los funcionarios como “traidores a la patria”, argumentando que incumplieron su juramento de “lealtad y patriotismo” al delegar el control del peso argentino y del sistema financiero a una potencia extranjera.
El escrito concluye con una advertencia: “Esta delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad económica del país a un actor extranjero, en flagrante detrimento del interés nacional y del futuro de los argentinos”.