La decisión del Gobierno de postergar una vez más la actualización de la metodología para medir la inflación volvió a encender las alarmas sobre el impacto real que esta política tiene en los ingresos de los jubilados. Mientras el Ejecutivo sostiene un discurso de desinflación, los haberes previsionales continúan perdiendo poder adquisitivo al ajustarse con un índice que no refleja con precisión la suba efectiva de los precios.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el cálculo de la movilidad jubilatoria quedó atado por decreto a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sin embargo, la canasta utilizada para elaborar el Índice de Precios al Consumidor sigue basada en patrones de consumo de hace más de dos décadas, lo que genera un fuerte desfasaje entre los números oficiales y el costo de vida real.
Esta situación impacta de manera directa no solo en los jubilados, sino también en los trabajadores que negocian paritarias tomando como referencia un índice que subestima los aumentos cotidianos en alimentos, servicios y transporte. A eso se suma que los haberes previsionales se actualizan con dos meses de rezago, profundizando aún más la pérdida mensual de ingresos.
De acuerdo a estimaciones privadas, desde la aplicación de la nueva fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno, en marzo de 2024, los haberes mínimos acumularon aumentos cercanos al 99% hasta diciembre de 2025. No obstante, si la actualización hubiera acompañado de manera más fiel la evolución de los precios, ese incremento debería haber rondado el 140%. La diferencia representa una pérdida acumulada cercana al millón de pesos por jubilado.
El ajuste se vuelve todavía más severo si se considera que el bono previsional permanece congelado desde marzo de 2024. La falta de actualización de ese refuerzo, en un contexto de inflación persistente, termina licuando uno de los pocos mecanismos de compensación que tenían los jubilados de menores ingresos.
En febrero de 2026, el Gobierno oficializó una suba del 2,85% en jubilaciones y pensiones, siguiendo la inflación informada por el Indec. Con ese aumento, el haber mínimo quedó en $359.254,35, un monto que continúa por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total para un adulto, según el propio organismo estadístico, alcanzó en diciembre los $423.532, por lo que la jubilación mínima apenas cubre el 84% de ese valor.
La brecha es aún más marcada si se toma como referencia la Canasta Básica del Jubilado elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, que en octubre pasado superaba los $1.514.000. En ese escenario, el haber mínimo apenas cubre menos del 25% de los gastos necesarios para una vida digna en la vejez.
Mientras el ministro de Economía Luis Caputo insiste en sostener el rumbo fiscal y el relato de la desaceleración inflacionaria, la falta de actualización en la medición de precios se traduce, mes a mes, en un ajuste silencioso que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del sistema previsional.