La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden de Loretta Preska y permitirá que avancen las apelaciones presentadas por el país. El Estado nacional conserva la mayoría accionaria de YPF mientras se resuelven los recursos judiciales.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. La decisión habilita al Gobierno a continuar con las apelaciones contra el fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera.
Los jueces camaristas concedieron este viernes la solicitud de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro, y dictaminaron que el Estado no deberá entregar su participación en YPF mientras dure el proceso de apelación. Tampoco se exigió una garantía real por el monto del fallo.
La Procuración destacó que la medida “garantiza que Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
En el Gobierno remarcaron que la decisión es “administrativa” y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, aunque representa un alivio político y financiero. La estrategia oficial apunta a dilatar el proceso y ganar tiempo, incluso con la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que cualquier orden de entregar acciones resultaría “incumplible”, dado que la ley de expropiación de YPF establece que cualquier eventual venta de la participación estatal debe ser aprobada por el Congreso.
Las próximas fechas clave serán el 25 de septiembre, cuando se realice una primera audiencia por la apelación del fallo original de septiembre 2023, y el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas en Argentina, cuando se debatirá la apelación específica sobre la entrega de acciones.
Para los expertos, la suspensión de la entrega de las acciones tiene un valor simbólico y estratégico. “Se fortalece el argumento de inmunidad soberana y se preserva un activo fundamental mientras dure la apelación”, señaló el consultor Juan José Carbajales.
Por ahora, YPF seguirá bajo control mayoritario del Estado argentino, mientras el litigio judicial continúa en los tribunales de Nueva York y los fondos buitre esperan una resolución definitiva.