El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso nuevas medidas sobre propiedades, vehículos, participaciones societarias y otros activos en el marco de la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados está el de San José 1111.
El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó una nueva serie de embargos sobre bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y su familia como parte del proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad.
Entre las propiedades alcanzadas se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.
La medida forma parte de las acciones impulsadas para avanzar en el recupero del perjuicio económico determinado contra el Estado, establecido en 685.000 millones de pesos.
En esta nueva etapa quedaron comprendidos 144 bienes, entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias y dinero atribuido a Florencia Kirchner.
Qué ocurrirá con el departamento de San José 1111
El inmueble donde permanece Cristina Kirchner pertenece a Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.
La decisión judicial de embargarlo no supone un desalojo ni un remate inmediato de la propiedad, por lo que la expresidenta podrá continuar cumpliendo allí su arresto domiciliario.
El objetivo de la medida es preservar el inmueble durante el procedimiento judicial e impedir que pueda ser vendido, transferido o gravado mientras se define el destino de los activos alcanzados.
Qué otros bienes fueron embargados
La resolución incluye también propiedades ubicadas en distintos puntos del país.
En Puerto Madero, fueron alcanzados inmuebles del complejo Madero Center, entre ellos un dúplex acompañado por cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y una baulera. Según consta en el expediente, esas propiedades tuvieron como inquilino a Cristóbal López.
También aparecen propiedades de la familia Kirchner en Santa Cruz, entre ellas terrenos e inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos.
Dentro del listado figura el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, además del chalet de Cristina Kirchner ubicado sobre la costanera de Río Gallegos y propiedades situadas en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.
Los Sauces y Hotesur también quedaron alcanzadas
Las medidas dispuestas por el tribunal incluyen las participaciones accionarias correspondientes a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Esas acciones permanecen embargadas desde 2017 y habían sido transferidas a Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la reorganización patrimonial posterior a la muerte de Néstor Kirchner.
Según el criterio del TOF 2, esas transferencias no impiden que las participaciones sean consideradas dentro del procedimiento patrimonial relacionado con la condena de la causa Vialidad.
Para fundamentar la decisión, los magistrados tuvieron en cuenta el período comprendido entre 2003 y 2015 y recurrieron también a las disposiciones del artículo 23 del Código Penal sobre el decomiso de bienes vinculados con el producto de delitos.
Más de US$5 millones atribuidos a Florencia Kirchner
La resolución también alcanzó una suma superior a US$5 millones atribuida a Florencia Kirchner, encontrada en una caja de seguridad durante la investigación de la causa Hotesur.
De acuerdo con lo señalado por el tribunal, todavía existen requerimientos dirigidos a la entidad bancaria para determinar la situación de esos fondos y establecer si existen otros depósitos en cuentas o cajas de seguridad.
La disputa por los bienes llegó a la Corte Suprema
Las nuevas medidas se conocen mientras continúa otra discusión judicial relacionada con el decomiso dispuesto anteriormente.
En una primera etapa, el TOF 2 había ordenado avanzar sobre 111 propiedades, de las cuales 20 estaban relacionadas con la familia Kirchner, 85 correspondían a Lázaro Báez y sus empresas y seis pertenecían a otros condenados.
La Cámara Federal de Casación Penal posteriormente respaldó ese criterio, pero las defensas de Cristina Kirchner y Báez presentaron recursos y la discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras se resuelve esa instancia, el tribunal decidió preservar nuevos activos con el objetivo de evitar movimientos patrimoniales que puedan afectar una eventual ejecución.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.