El debate por la modificación de la Ley de Glaciares continúa en la Cámara de Diputados en medio de un clima de fuerte tensión política, reclamos ambientales y cuestionamientos judiciales al proceso de audiencias públicas.
La segunda jornada se desarrolla de manera virtual y reúne a expositores de distintos puntos del país, en un contexto marcado por la polémica por la limitación en la cantidad de oradores habilitados. De más de 100 mil inscriptos, solo 184 participan del proceso, lo que motivó presentaciones judiciales por parte de sectores opositores y organizaciones ambientales.
Las críticas apuntan a que esta restricción vulnera el derecho a la participación ciudadana y podría afectar la legitimidad del debate. En ese marco, distintas entidades solicitaron medidas cautelares para garantizar la intervención de todos los inscriptos.
La iniciativa impulsada por el Gobierno ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar los límites actuales de protección ambiental para permitir ciertas actividades económicas en zonas periglaciares.
Desde organizaciones socioambientales advierten que estos cambios podrían comprometer recursos hídricos clave y violar el principio de presupuestos mínimos establecido por la Constitución Nacional.
Durante la primera jornada, realizada en el Congreso, se registraron manifestaciones en las inmediaciones y un fuerte rechazo de sectores ambientalistas, que cuestionaron el avance del proyecto.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la transparencia del proceso y aseguró que el Gobierno está cumpliendo con todos los requerimientos judiciales.
El debate expone una tensión de fondo entre desarrollo productivo y protección ambiental, en un contexto donde la discusión sobre los recursos naturales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.