El presidente Javier Milei enfrenta un nuevo dilema político en medio de la campaña electoral y tras la dura derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Este jueves vence el plazo constitucional de 10 días hábiles para decidir si veta tres leyes claves: la emergencia pediátrica que garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan, la ley de financiamiento universitario y la distribución automática de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
El riesgo de nuevos vetos
De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, si Milei no devuelve los proyectos al Congreso en el plazo previsto, las leyes quedarán promulgadas de hecho. El dilema es complejo: el oficialismo ya sufrió el rechazo de su veto a la emergencia en discapacidad y atraviesa un momento de extrema debilidad legislativa, con la oposición en condiciones de insistir sobre las normas con mayoría especial.
En el Senado, la emergencia pediátrica se aprobó con 62 votos a favor, superando los dos tercios necesarios, mientras que el financiamiento universitario alcanzó 58 votos, a solo uno de esa mayoría.
El pedido de las universidades
En un video que circula en redes sociales, el rector, vicerrector y los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires reclamaron al Presidente la reglamentación urgente de la ley aprobada en agosto. El texto prevé convocar a paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes según la inflación, actualizar gastos de funcionamiento y crear fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.
La norma fija además un esquema progresivo de financiamiento universitario: 1% del PBI en 2026, con un incremento gradual hasta 1,5% en 2031.
Hospital Garrahan bajo la lupa
La ley de Emergencia Pediátrica incluye recursos para el Hospital Garrahan. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó confirmar en el Congreso si el Gobierno vetará esa norma, lo que mantiene en vilo a médicos y pacientes de uno de los principales centros de salud infantil del país.
ATN: el reclamo de los gobernadores
La tercera ley bajo análisis elimina la discrecionalidad en la distribución de los ATN y plantea un esquema automático basado en la coparticipación. Según cálculos de los mandatarios provinciales, el costo fiscal equivale al 0,03% del PBI ($253.000 millones).
Los gobernadores advirtieron: “Si nos convocan al diálogo y arrancan vetando esta ley, será una declaración de guerra. Estos recursos ya les pertenecen a las provincias”.
El lunes, el bloque de Provincias Unidas —integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— se reunió por Zoom para coordinar su estrategia de cara a las legislativas de octubre, donde estrenarán boleta propia.
Milei y la “muralla fiscal”
Desde Los Ángeles, donde disertó en el Instituto Milken, Milei sostuvo que el Congreso opositor intenta “lanzar un misil fiscal para quebrar el superávit”. El Presidente insistió en que no cederá en su programa de ajuste, aunque las próximas horas definirán si logra sostener su “muralla fiscal” o si vuelve a sufrir un golpe político en el Parlamento.
