En medio de la creciente tensión por la reforma laboral que prepara el gobierno de Javier Milei, distintos sindicatos confirmaron un paro nacional este miércoles 19 de noviembre. La medida, convocada desde el mediodía, afectará organismos estatales, sectores industriales y universidades públicas de todo el país.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezará la huelga de 24 horas, denunciando que la propuesta oficial “recorta derechos conquistados” y señalando una supuesta vinculación con el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gobierno busca “trabajar más por menos salario” y advirtió que “sin huelga y movilización no se frena” el avance sobre los derechos laborales.
Al paro también se suma la Federación Aceitera. Su titular, Daniel Yofra, aseguró que los trabajadores del sector irán a la huelga para “rechazar la reforma laboral regresiva” y destacó la necesidad de construir una unidad sindical más amplia. “Los aceiteros y desmotadores vamos a parar cada vez que este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales”, afirmó durante el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario del gremio. Del encuentro participaron referentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en profundizar el plan de lucha.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) también se sumará a la medida para exigir la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Denuncian que, a más de un mes del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, el gobierno continúa sin aplicar la norma, lo que —advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales. La federación adelantó que iniciará acciones judiciales para forzar su puesta en marcha y coordinará medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La jornada incluirá movilizaciones hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación y podría afectar trámites administrativos, actividades fabriles y el normal desarrollo de clases y tareas en las universidades públicas.