Empresas multinacionales y PyMEs optan por abandonar parcialmente la producción nacional frente a un contexto macroeconómico adverso. Las importaciones alcanzan su participación más alta en el PBI en lo que va del siglo.
La industria argentina atraviesa un momento crítico. En medio de un combo de apreciación cambiaria, presión fiscal y falta de financiamiento, cada vez más empresas adoptan estrategias defensivas para sobrevivir en un entorno que les impide competir. La tendencia más visible es la sustitución de producción local por importaciones.
Esta semana, la firma Kenvue —titular de marcas reconocidas de higiene femenina como Siempre Libre y Carefree— anunció el cierre total de su planta en Pilar, provincia de Buenos Aires. A partir de ahora, todos sus productos serán traídos desde Brasil. La decisión marca un hito simbólico y económico: una nueva multinacional se suma a la ola de reconversiones industriales que afecta al tejido productivo nacional.
No se trata de un caso aislado. Meses atrás, Kimberly-Clark también cerró su fábrica en Pilar y trasladó su operación a San Luis. En otros sectores, como el calzado deportivo, la petroquímica y el automotor (con el caso Nissan), la tendencia se replica. A la par, según datos de la consultora Audemus, las importaciones de bienes y servicios representaron en junio el 32,4% del PBI, el porcentaje más alto en los últimos cien años.
Para especialistas como Agostina Monti Salías, analista en desarrollo productivo, el fenómeno se explica por un “triple impacto estructural”: un tipo de cambio real apreciado que encarece la producción nacional, una elevada presión tributaria que penaliza la actividad formal, y un contexto de tasas de interés que imposibilita acceder a crédito para inversión. “Las empresas no importan porque les conviene estratégicamente, sino porque no tienen otra alternativa para sobrevivir”, advierte.
El impacto es especialmente duro en las PyMEs, que no tienen margen para competir con productos del exterior subsidiados o producidos en economías con condiciones más estables. Según industriales, la situación recuerda al período 2016-2018, cuando muchas firmas cerraron o recortaron operaciones por la apertura comercial sin compensaciones.
Carlos Bender, dueño de Lumilagro, es tajante: “Es adaptarse o morir”. Su empresa, tras la eliminación de una medida antidumping, decidió volcar más del 60% de su negocio a la importación y conservar una mínima línea de producción local. Hoy mantiene apenas 65 empleados.
El trasfondo macroeconómico agrava el cuadro. Aunque se registró cierta estabilización en algunos indicadores como la inflación, la industria no logra despegar. La recuperación es desigual entre regiones y sectores, y la mayor parte de las fábricas opera por debajo de sus niveles de 2023.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y distintas cámaras sectoriales, advierten que sin un plan de desarrollo productivo, con reglas claras y condiciones equitativas, el proceso de desindustrialización puede volverse irreversible. El desafío para el Gobierno es cómo equilibrar la apertura económica con la protección de un entramado productivo que genera empleo y valor agregado en el país.