El jefe de Gabinete presentó una nueva declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción luego de reconocer que no había informado parte de sus activos en presentaciones anteriores.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este jueves una declaración jurada rectificativa ante la Oficina Anticorrupción en la que informó un patrimonio total de $944,5 millones, una cifra considerablemente superior a los $107 millones que había declarado previamente antes de admitir omisiones en sus bienes e ingresos.
La actualización patrimonial se produjo luego de que el funcionario reconociera públicamente que no había incorporado a sus declaraciones anteriores fondos por aproximadamente 500 mil dólares, que según explicó provienen de inversiones realizadas en criptomonedas antes de asumir funciones en el Gobierno nacional.
De acuerdo con la documentación presentada, Adorni declaró que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo equivalentes a más de $400 millones. Al cierre del período, esa tenencia se redujo a poco más de $303 millones.
Entre los bienes incorporados también figura el 50% de una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, valuada en más de $88 millones. La otra mitad del inmueble pertenece a su esposa, Bettina Angeletti.
La declaración jurada además incluyó una serie de deudas que no habían sido informadas anteriormente. Entre los acreedores aparecen particulares que, según consta en distintas actuaciones judiciales, habrían otorgado préstamos destinados a la compra de un departamento y a la realización de reformas inmobiliarias.
La evolución patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción muestra un incremento significativo respecto de registros anteriores. Parte de ese crecimiento responde a la incorporación de activos omitidos y a la revaluación de bienes ya existentes.
Otro de los puntos que llamó la atención es la inclusión de ingresos por más de $270 millones declarados como no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. De ese total, una parte fue identificada como proveniente de herencias o donaciones, mientras que el resto no fue detallado específicamente en la presentación pública.
La situación del funcionario se encuentra bajo análisis judicial en una causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito. En ese expediente se busca determinar la evolución de su patrimonio, el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones inmobiliarias y la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados durante los últimos años.
Mientras avanzan las investigaciones, la presentación de la nueva declaración jurada se convirtió en un elemento central para reconstruir la situación patrimonial del jefe de Gabinete y contrastarla con la información que ya se encuentra incorporada en los expedientes judiciales.