Desde su asunción, el presidente Javier Milei ejecutó uno de los recortes del gasto público más profundos de las últimas décadas. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el ajuste acumulado durante los dos primeros años de gestión alcanza los 50 billones de pesos, equivalentes a unos 38.000 millones de dólares a precios constantes de 2023. Educación, salud, jubilados, obra pública y empleados estatales figuran entre los sectores más afectados, mientras que en paralelo se redujo la carga impositiva sobre los sectores de mayores ingresos.
“Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero”, sostuvo Milei al confirmar que no vetará el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados, luego de que se mantuvieran el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. La definición dejó en claro que el rumbo fiscal no cambiará y que el ajuste seguirá profundizándose el próximo año.
De acuerdo con el IARAF, el gasto primario del Estado nacional cayó 27,2% en términos reales, al pasar de 185 billones de pesos a 134 billones en apenas dos años. El mayor impacto se dio en las transferencias a provincias, donde las transferencias de capital se desplomaron un 93,8%, marcando un recorte sin precedentes en la relación fiscal Nación–provincias.
El ajuste también golpeó con fuerza a los subsidios y a la inversión pública. Las transferencias destinadas a otras funciones del Estado retrocedieron 83,9%, mientras que la inversión real directa —clave para obras de infraestructura— cayó 73,5%. En el marco de la reducción del tamaño del Estado, el gasto salarial se contrajo 26%, reflejando la política de achicamiento de la planta estatal.
En términos absolutos, el mayor recorte se concentró en programas sociales, donde se incluyen bonos a jubilados y pensionados, con una baja estimada en 10,5 billones de pesos (a valores de noviembre de 2025). Le siguieron los subsidios a la energía, con un ajuste de 8,8 billones, y la inversión en obra pública, que retrocedió 8,3 billones de pesos. El gasto salarial se redujo en 6,3 billones, mientras que las transferencias de capital a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron en 4 billones.
En contraste, hubo muy pocos rubros que escaparon al ajuste. El gasto del PAMI se mantuvo estable, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue el único ítem con crecimiento significativo: subió 70% en términos reales, lo que representa un incremento de 2,7 billones de pesos.
Según distintos analistas, esa recomposición de la AUH, combinada con la desaceleración de la inflación y el crecimiento del empleo informal, ayuda a explicar la baja de la pobreza al 27,5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con estimaciones oficiales. Sin embargo, advierten que el costo social del ajuste sigue concentrándose en áreas sensibles, mientras el Gobierno mantiene beneficios fiscales y blanqueos de capitales para los sectores de mayores ingresos.