El Gobierno nacional presentó los últimos documentos exigidos por la Corte de Apelaciones de Nueva York en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge. Busca evitar la pérdida de control estatal sobre la petrolera.
La República Argentina formalizó la presentación de los escritos requeridos por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de impedir la ejecución de la orden que obliga a entregar las acciones de YPF en el marco de la causa por la estatización de la petrolera.
Se trata de la última instancia documental en los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, luego de los escritos presentados por los demandantes el pasado 17 de julio. La defensa argentina argumentó que la orden judicial viola principios fundamentales del derecho internacional, así como leyes nacionales e incluso normativas de Estados Unidos.
Argumentos del Gobierno argentino en el caso Petersen/Eton Park
Entre los puntos destacados, se señala que:
- La entrega de las acciones vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.
- La orden contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU., dado que las acciones están en territorio argentino y no fueron utilizadas para actividades comerciales en suelo estadounidense.
- La decisión judicial atenta contra el principio de cortesía internacional (comity) al forzar a la Argentina a incumplir su propia legislación.
- Los demandantes no acreditaron perjuicios por una eventual suspensión de la entrega, ya que las leyes argentinas impiden su venta sin aprobación del Congreso.
- De concretarse la transferencia, la Argentina perdería el control estatal sobre su principal empresa energética, lo que implicaría un daño irreparable aún si luego se revierte la sentencia.
- Se advierte que la ejecución afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino, y podría generar un conflicto diplomático con Estados Unidos.
Argumentos en el caso Bainbridge
En este expediente, la Argentina remarcó que:
- La parte actora no justificó la necesidad de una garantía.
- No se acreditaron daños por la suspensión de la entrega de acciones.
- La legislación nacional garantiza el statu quo, impidiendo la transferencia de acciones sin aprobación parlamentaria.
- El país podría sufrir un perjuicio irreversible si pierde las acciones, incluso si ganara la apelación posteriormente.
Con estos argumentos, el Gobierno busca frenar el «turnover» de acciones hasta que la Corte de Apelaciones decida sobre el fondo del caso. La medida es considerada estratégica para preservar el control estatal sobre YPF y evitar consecuencias económicas, jurídicas y diplomáticas.