La Justicia de San Isidro dispuso una medida estricta contra cuatro detenidos acusados de integrar la denominada “Banda del Millón”, señalada por una serie de robos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense y por el homicidio de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, ocurrido en Acassuso.
La resolución fue firmada por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a pedido del fiscal Patricio Ferrari, quien investiga la causa y también está a cargo de la UFI de Ciberdelitos del distrito.
Qué establece la resolución judicial
La magistrada ordenó la prohibición absoluta del uso, tenencia o acceso —directo o indirecto— a teléfonos celulares y dispositivos con conexión a internet para los cuatro acusados vinculados al homicidio.
La medida incluye:
- Prohibición total de celulares, salvo para contacto con sus abogados defensores.
- Instalación de bloqueadores o inhibidores de señal en los lugares de detención.
- Requisas diarias para constatar que no posean equipos electrónicos.
- Prohibición expresa de que terceros ingresen o faciliten dispositivos, bajo apercibimiento de sanciones.
Según la jueza, la decisión tiene carácter cautelar y busca “interrumpir u obstaculizar la continuidad del hecho ilícito”, ante la sospecha de que parte de la organización coordinaba delitos desde unidades penitenciarias.
En paralelo, el Tribunal Oral N°4 solicitó a la Unidad Carcelaria N°28 de Magdalena un informe urgente sobre el uso del celular de otro interno presuntamente vinculado a la banda.
El reclamo del intendente
Tras conocerse la resolución, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, respaldó la decisión judicial y pidió avanzar hacia una prohibición general del uso de celulares en cárceles bonaerenses.
“Detener y privar de la libertad tiene, entre otros objetivos, alejar el peligro de la sociedad. Con el uso de celulares, sigue la impunidad”, sostuvo el jefe comunal.
Quiénes integran la “Banda del Millón”
La organización está acusada de cometer al menos una docena de robos violentos en viviendas del norte del conurbano, muchos bajo la modalidad de escruche, aunque en varios casos con los propietarios presentes.
Los investigadores sostienen que realizaban tareas de inteligencia previa mediante redes sociales y plataformas digitales para analizar rutinas, sistemas de seguridad y horarios de las víctimas. También habrían utilizado menores de edad para tareas de vigilancia.
Entre los hechos más resonantes atribuidos al grupo se encuentran robos en domicilios de figuras públicas y el asesinato del empresario Jorge De Marco, además del crimen de la jubilada de 81 años en Acassuso.
Una causa que sigue en expansión
La investigación continúa en etapa de instrucción y ya cuenta con más de 40 detenidos. La Justicia busca determinar la estructura completa de la organización y el rol de cada integrante.
La prohibición del uso de celulares apunta a cortar la comunicación entre los presuntos líderes y quienes ejecutaban los robos, en una causa que volvió a poner en debate el control del uso de tecnología dentro del sistema penitenciario bonaerense.