La causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entra en una semana decisiva, con una serie de testimonios clave que buscan reconstruir las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien apunta a determinar la trazabilidad de los fondos y las condiciones en las que se concretaron distintas adquisiciones, especialmente un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Declaraciones clave en la causa
Este lunes declararon los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación: Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. A su vez, la Justicia citó a otros testigos relevantes para los próximos días.
Entre ellos se destaca Pablo Martín Feijoo, quien deberá presentarse el miércoles 22 de abril y aportar su teléfono celular. Según consta en la investigación, fue quien realizó la reserva del inmueble ubicado en la calle Miró al 500.
También fueron convocados el encargado del edificio y Juan Ernesto Cosentino, ex dueño de otra propiedad vinculada al funcionario en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
El eje de la investigación
El foco principal está puesto en la estructura financiera de la compra del departamento. La operación se realizó por un valor declarado de 230 mil dólares, de los cuales Adorni habría abonado 30 mil en efectivo.
Los 200 mil dólares restantes fueron financiados por las vendedoras —las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— mediante una hipoteca sin interés y con un plazo de un año, un esquema que generó dudas en la fiscalía.
La propiedad había sido adquirida previamente por las vendedoras al exfutbolista Hugo Morales por 200 mil dólares, tras una rebaja significativa del precio original.
Otras propiedades bajo análisis
La investigación también se amplía a otros bienes vinculados al jefe de Gabinete, entre ellos una casa en el country Indio Cua, que no habría sido incluida en su declaración jurada.
En ese marco, se solicitó documentación sobre obras de refacción y movimientos financieros, mientras que el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su entorno y las personas involucradas en las operaciones.
Además, se requirió información a ARCA para evaluar si los actores implicados tenían capacidad económica suficiente para justificar los créditos otorgados.
Una causa en plena expansión
La investigación se originó a partir de denuncias por inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y por un viaje en avión privado a Punta del Este.
Con nuevas pruebas y testimonios en curso, la causa avanza hacia una etapa clave que podría definir la situación judicial del jefe de Gabinete en las próximas semanas.