En una semana atravesada por debates sensibles, el Senado de la Nación Argentina inició una sesión especial en la que el oficialismo busca avanzar con dos iniciativas estratégicas: la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reforma de la Ley de Glaciares.
Con 40 senadores presentes en el recinto, el oficialismo logró reunir quórum y puso en marcha el tratamiento de un temario central para la agenda del Gobierno. Además, se incluyó el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea: carrera por la ratificación
El entendimiento birregional había sido firmado el 17 de enero en Asunción, en un acto que contó con la participación del presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay. Ahora, el Ejecutivo busca que Argentina sea el primer país del bloque en otorgar aval legislativo.
Desde la Casa Rosada argumentan que una aprobación temprana permitiría posicionar al país con ventajas comerciales frente a otros socios regionales que compiten en los mismos mercados.
El tratado contempla la reducción de aranceles para más del 90% de las exportaciones argentinas y la apertura del mercado europeo a productos industriales, químicos y farmacéuticos. De concretarse plenamente, configuraría una zona de libre comercio que abarca más de 700 millones de consumidores y cerca del 20% del PBI mundial.
Sin embargo, el acuerdo aún enfrenta instancias pendientes en Europa: el Parlamento Europeo solicitó que el Tribunal de Justicia de la UE analice su impacto antes de su entrada en vigor.
En el Senado argentino, el número de votos necesarios estaría garantizado, aunque el interbloque peronista podría mostrar divisiones internas.
Reforma de la Ley de Glaciares: tensión por la autoridad ambiental
El otro eje de la sesión es la modificación de la ley 26.639, vigente desde 2010, que protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
El proyecto oficial propone redefinir el alcance de las zonas protegidas e introducir el concepto de “formas periglaciares”, distinguiendo aquellas que cumplen función hídrica comprobada de las que no. En estas últimas podrían habilitarse actividades productivas bajo evaluación de impacto ambiental.
Uno de los puntos más controvertidos es quién tendrá la última palabra en la delimitación de áreas protegidas. La iniciativa del Gobierno otorga mayor potestad a las provincias —en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional—, mientras que un proyecto alternativo impulsado por la UCR concentra esa atribución en el IANIGLA, organismo técnico responsable del Inventario Nacional de Glaciares.
El oficialismo confía en el respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en impulsar proyectos mineros e hidrocarburíferos. No obstante, la propuesta enfrenta rechazo de sectores ambientalistas y cuestionamientos vinculados a posibles conflictos con estándares internacionales de protección ambiental.
Un escenario político complejo
La sesión se da en un clima de negociaciones cruzadas entre bloques y con votaciones que podrían redefinir el mapa de alianzas parlamentarias.
Mientras el Gobierno apuesta a mostrar capacidad de gestión y avance legislativo en una semana cargada de debates, la oposición insiste en advertir sobre los riesgos ambientales y las implicancias institucionales de las reformas.
El resultado de ambas votaciones marcará un punto de inflexión en la agenda económica y ambiental del año.