El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina y garantiza el control estatal

El Gobierno nacional dio inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, bajo un esquema que permitirá la incorporación de capital privado pero manteniendo el control mayoritario del Estado.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, que autoriza la venta del 44% del capital accionario de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional. El 51% de las acciones continuará en manos del Estado Nacional —a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)—, garantizando la potestad sobre las decisiones estratégicas del sector nuclear.

Asimismo, se implementará un Programa de Propiedad Participada, que destinará el 5% del capital accionario a los empleados de la empresa, brindándoles prioridad para acceder a esa porción accionaria.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” para avanzar con la organización del proceso de venta, que deberá concretarse en un plazo máximo de 12 meses.

Por su parte, la Secretaría de Energía será responsable de realizar el inventario de bienes y activos de NASA, elaborar la documentación licitatoria y coordinar la valuación de las acciones junto al Tribunal de Tasaciones de la Nación y una entidad bancaria pública.

La transacción se llevará a cabo mediante la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento del Decreto 416/2025, y bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial y la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Con esta resolución, el Gobierno de Javier Milei avanza en su plan de reconfiguración del sector energético estatal, promoviendo la participación del sector privado en áreas clave, pero preservando el control público sobre la infraestructura nuclear y la definición de políticas estratégicas.