El Gobierno nacional anunció este lunes que promulgará la Ley de Discapacidad, sancionada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aclaró que la aplicación de la norma quedará en suspenso hasta definir el financiamiento, lo que abre un nuevo frente de debate con la oposición y con las organizaciones vinculadas al sector.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, explicó Francos en declaraciones a Clarín.
Los alcances de la norma
La ley fue impulsada por bloques opositores y alcanzó un amplio consenso parlamentario, con el voto afirmativo de sectores que habían acompañado en otras oportunidades al oficialismo. Su aprobación por insistencia logró los dos tercios requeridos en ambas cámaras.
Entre los puntos más destacados, la norma:
- Garantiza el financiamiento de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, otorgadas a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos menores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles y superen una evaluación socioeconómica.
- Establece que la asignación será del 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no superen el tope fijado.
- Fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, con actualización automática de aranceles según el IPC del Indec.
- Incluye un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema, con condonación de intereses y refinanciación de planes.
- Refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El debate por los recursos
Francos subrayó que el Ejecutivo no puede asumir la carga fiscal sin que el Congreso especifique de dónde saldrán los fondos:
“No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodo partidas. Eso no es solución, es una mentira. Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley podría aumentar los beneficiarios entre 493.000 y 946.000 personas, con un refuerzo fiscal estimado entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
A esto se suman $278.323 millones para compensación a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
Lo que viene
Si bien el Gobierno confirmó que promulgará la norma, el decreto reglamentario será clave para determinar su puesta en práctica. La oposición exige que se avance sin demoras, mientras que el oficialismo insiste en la necesidad de un debate sobre la sostenibilidad fiscal.
El escenario anticipa una nueva pulseada política y social en torno a los derechos de las personas con discapacidad y el equilibrio de las cuentas públicas.