El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, una iniciativa que busca modernizar el marco legal para la creación y funcionamiento de empresas, reducir trámites burocráticos y adaptar la normativa a los avances tecnológicos y a las nuevas formas de organización empresarial.
La propuesta fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte del proceso de reformas impulsado por la administración de Javier Milei para promover la inversión privada y simplificar regulaciones.
Según explicaron desde el Ejecutivo, uno de los cambios centrales será otorgar mayor autonomía a las sociedades para definir sus propias reglas de funcionamiento. De esta manera, las disposiciones establecidas en los estatutos tendrán un papel predominante y las intervenciones estatales quedarán limitadas a situaciones excepcionales previstas por la ley.
La iniciativa también contempla una flexibilización del objeto social de las empresas. Si el proyecto es aprobado, las sociedades podrán desarrollar múltiples actividades económicas sin necesidad de que exista relación entre ellas. Incluso, cuando el estatuto no especifique una actividad concreta, la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita permitida por la legislación vigente.
Otro de los puntos destacados apunta a simplificar procesos de reorganización societaria. El texto prevé mecanismos más ágiles para fusiones, absorciones y reorganizaciones internas, especialmente en grupos empresariales donde una compañía controle la totalidad del capital de otra.
En materia tecnológica, la reforma propone una digitalización completa de los procedimientos societarios. Entre otras medidas, habilita la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales y la constitución de sociedades mediante firma electrónica o digital, eliminando gran parte de la documentación física que actualmente exigen los organismos de control.
Además, incorpora nuevas figuras vinculadas al desarrollo tecnológico. Entre ellas aparecen las denominadas Sociedades Automatizadas, capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, así como las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que funcionan utilizando tecnología blockchain y contratos inteligentes.
La propuesta también introduce nuevas herramientas de financiamiento para startups y empresas innovadoras. Se habilitarán instrumentos de inversión convertibles que permitirán captar capital sin que los inversores deban adquirir inmediatamente participación societaria o asumir responsabilidades por las obligaciones de la compañía.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de establecer mecanismos alternativos para la resolución de conflictos empresariales. Las sociedades podrán pactar arbitrajes privados y, en determinados casos, someter controversias a normas de derecho extranjero o prácticas reconocidas del comercio internacional.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y adecuar la legislación argentina a estándares utilizados en mercados internacionales. El proyecto será enviado al Congreso en los próximos días y deberá atravesar el debate parlamentario antes de su eventual aprobación.