La nueva normativa ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece cambios en el sistema penal juvenil. Entre sus principales modificaciones, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y redefine el esquema de sanciones para adolescentes que cometan delitos.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue oficializada este lunes mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La ley había sido aprobada días atrás por el Senado de la Nación Argentina, donde obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
El nuevo régimen introduce cambios en el sistema de responsabilidad penal para menores de edad y redefine las penas aplicables cuando un adolescente comete un delito.
Un sistema orientado a la resocialización
El texto de la ley establece que el objetivo principal del régimen penal juvenil será la educación y la reinserción social de los adolescentes, priorizando medidas que favorezcan su integración en la sociedad.
En ese sentido, la normativa dispone que la privación de la libertad debe ser el último recurso y aplicarse únicamente por el período más breve posible.
Además, la ley prohíbe:
- La aplicación de penas perpetuas a menores.
- Las condenas de duración indefinida.
- La generación de antecedentes penales permanentes.
También establece que cualquier medida restrictiva de la libertad durante el proceso deberá estar debidamente fundamentada en la existencia de riesgos procesales.
Detención en espacios separados de adultos
Otro punto clave del nuevo régimen es el tratamiento de los menores privados de libertad.
La ley determina que, si un adolescente debe permanecer detenido, deberá hacerlo en centros especializados y separados de los adultos, con personal capacitado para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley.
El objetivo, según el texto legal, es garantizar condiciones adecuadas para su tratamiento y evitar el contacto con el sistema penitenciario de adultos.
Procesos judiciales más rápidos
La normativa también introduce cambios en el funcionamiento de la justicia cuando los imputados son menores de edad.
Entre ellos:
- Se busca acelerar los procesos judiciales para evitar demoras prolongadas.
- Los jueces, fiscales y defensores deberán contar con especialización en derecho penal juvenil.
- Las demoras injustificadas en las causas podrían derivar en responsabilidad disciplinaria para los magistrados.
En los casos que involucren menores inimputables, el Poder Judicial podrá intervenir para investigar los hechos y disponer medidas de protección o tratamiento, bajo la órbita de la justicia civil.
Derechos de las víctimas
La ley también incorpora de manera explícita derechos para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
Entre otras garantías, establece que podrán:
- Participar durante el proceso penal juvenil.
- Recibir información sobre el avance de la causa.
- Solicitar medidas de protección.
Además, si se comprueba que hubo daños, la normativa prevé la responsabilidad civil de los padres o tutores del menor, quienes podrían responder patrimonialmente según lo determine la sentencia judicial.
El nuevo régimen también contempla instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte voluntariamente y el tipo de delito permita este tipo de resolución.