El Senado buscará este viernes convertir en ley el Presupuesto 2026, pero el debate quedó condicionado por un punto clave: el artículo 30, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que elimina los pisos obligatorios de financiamiento para Educación y Ciencia. La iniciativa amenaza con trabar la sanción definitiva del proyecto y reabrir una disputa política de fondo.
El artículo en cuestión propone derogar las leyes que fijan mínimos de inversión, entre ellas el 6% del PBI para educación y la senda de crecimiento hasta el 1% del PBI en ciencia y tecnología. También impacta sobre la educación técnico-profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y demoras en la ejecución de fondos.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que esos pisos legales no se cumplieron de manera sistemática en años anteriores y que, en el marco del equilibrio fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de déficit cero. Aseguran que la eliminación de esas obligaciones permitiría mayor flexibilidad para reasignar recursos y evitar compromisos que luego el Estado no puede honrar.
Las críticas y el reclamo del sector
La oposición y actores del sistema educativo advierten que quitar los mínimos debilita derechos adquiridos y deja a educación, ciencia y formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones científicas alertan que el presupuesto proyectado no alcanza para el funcionamiento básico, con impacto en salarios, infraestructura y actividades académicas.
En el ámbito universitario, el foco está puesto en la brecha entre los fondos previstos y las necesidades reales. En las escuelas técnicas, señalan que la eliminación del financiamiento específico implicaría menos recursos para talleres, equipamiento y programas de formación.
Un debate con reloj en contra
El tratamiento del artículo 30 se da en un escenario legislativo ajustado. Si el Senado introduce cambios al texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, con el calendario jugando en contra del oficialismo, que busca evitar modificaciones para lograr una sanción rápida antes de fin de año.
La sesión de este viernes no solo definirá el destino del Presupuesto 2026, sino también el rumbo de la política educativa en los próximos años. Más allá de los números, el artículo 30 expone una discusión de fondo sobre prioridades de largo plazo y el rol del Estado, en un contexto donde el ajuste fiscal y la inversión en educaciónvuelven a chocar de frente.