Fentanilo mortal: declaraciones de una ex funcionaria complican la causa judicial

El escándalo por el fentanilo contaminado que ya dejó decenas de muertes en el país sigue sumando capítulos. En el marco de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, reconoció que el Laboratorio Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma, “no pasaba las Buenas Prácticas de Fabricación” y, por lo tanto, no debía producir medicamentos.

Declaraciones que generan polémica

Según relató Mantecón Fumadó, el laboratorio tenía desde noviembre de 2024 notificaciones formales por incumplimientos graves, entre ellos:

  • Deficiencias en los controles de esterilidad.
  • Documentación incompleta para subsanar observaciones.
  • Faltantes en la trazabilidad de ampollas.

A pesar de esto, el 18 de diciembre de 2024 el laboratorio produjo el lote 31202 de fentanilo, que luego fue distribuido a hospitales y clínicas, y que la justicia vincula con 96 muertes confirmadas y más de una decena de pacientes afectados.

Los allanamientos y las pruebas

La causa judicial ya cuenta con 17 imputados y 7 detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La semana pasada, Kreplak ordenó siete allanamientos simultáneos para secuestrar teléfonos, computadoras y documentación de funcionarios y ex funcionarios de la ANMAT y del INAME, incluyendo a la actual titular del organismo, Nélida Bisio.

El Ministerio Público Fiscal advirtió en un dictamen de 79 carillas sobre la “ineficiente tarea de contralor” y habló directamente de “negligencia, connivencia o complicidad” por parte de las autoridades sanitarias, al permitir que un laboratorio inhibido continuara produciendo medicamentos.

Una línea de tiempo clave

De acuerdo con los informes judiciales, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 las autoridades ya habían detectado las irregularidades en el laboratorio. Sin embargo, recién el 10 de febrero se emitió la carta formal de advertencia que prohibía la producción. Para entonces, el fentanilo contaminado ya había sido elaborado y distribuido.

Entre los elementos más graves, la inspección detectó la falta de cuatro ampollas del lote cuestionado, cuyo destino final nunca fue explicado por el laboratorio.

Una crisis de confianza

El caso del fentanilo contaminado pone bajo la lupa a los organismos estatales encargados de controlar la seguridad de los medicamentos en Argentina. El juez Kreplak investiga si hubo omisiones graves o complicidades que permitieron que un anestésico de uso hospitalario llegara contaminado a pacientes vulnerables.

Mientras tanto, los peritos analizan los dispositivos secuestrados en los allanamientos, mientras las familias de las víctimas reclaman justicia.