La CGT redobla la ofensiva contra la reforma laboral: pidió anular el fallo y recusó a los jueces

La Confederación General del Trabajo avanzó con una fuerte embestida judicial contra la reactivación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La central obrera solicitó la nulidad del fallo que devolvió la vigencia a más de 80 artículos y recusó a los jueces que lo firmaron, en un conflicto que podría escalar hasta la Corte Suprema.

Impugnación y acusaciones de parcialidad

A través de su abogado Pablo Topet, la CGT cuestionó el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había habilitado nuevamente la aplicación de la reforma.

En su presentación, la central sindical denunció:

  • “Falta de imparcialidad”
  • “Prejuzgamiento”
  • Ausencia de fundamentos en la resolución

Además, pidió la recusación de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González.

Sospechas sobre uno de los magistrados

Uno de los puntos más sensibles del planteo apunta contra Pesino. La CGT advirtió que el Poder Ejecutivo inició gestiones para extender su mandato poco después del fallo, lo que —según sostienen— compromete su independencia.

En el caso de González, la acusación se centra en haber anticipado opinión sobre el fondo del conflicto, especialmente al referirse al carácter de los derechos laborales.

Qué está en juego

El fallo cuestionado reactivó artículos clave de la reforma laboral que impactan en:

  • Indemnizaciones por despido
  • Derecho a huelga
  • Libertad sindical
  • Condiciones de contratación

Estos puntos forman parte del núcleo más debatido del proyecto oficial.

Marcha y conflicto en aumento

En paralelo a la ofensiva judicial, la CGT convocó a una movilización para el jueves 30 de abril a las 15 en Plaza de Mayo, en defensa de los derechos laborales.

La protesta busca presionar tanto en el plano político como judicial.

Posible intervención de la Corte

El conflicto podría escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no se resuelve en instancias inferiores.

El escenario abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el sindicalismo, en torno a una de las reformas más sensibles del programa económico oficial.