La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Estado para suspender sus efectos mientras continúa el proceso judicial.
La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene vigente la decisión que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente y al financiamiento de programas destinados a estudiantes de universidades públicas.
Qué resolvió la Corte
El máximo tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por el Estado era inadmisible porque no existía una sentencia definitiva que justificara su intervención en esta etapa del expediente.
De esta manera, seguirá vigente la cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que analizará la constitucionalidad del decreto 759/2025.
Cómo comenzó la causa
El expediente se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades nacionales.
Los demandantes cuestionaron el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la existencia de fuentes específicas de financiamiento.
Como medida provisoria, la Justicia ordenó actualizar los salarios universitarios correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma, además de restablecer los recursos destinados a programas para estudiantes.
La cautelar, sin embargo, no alcanza a la totalidad de la ley, ya que quedaron excluidas la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros programas de fortalecimiento institucional.
El recorrido judicial
Antes del inicio de la demanda, el Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió con su sanción y la norma quedó promulgada.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el decreto 759/2025, decisión que dio origen al conflicto judicial.
Durante el proceso, el Estado también promovió recusaciones contra los magistrados que intervinieron en la causa e incluso solicitó que los integrantes de la Corte se apartaran del expediente por desempeñarse como docentes universitarios. Todos esos planteos fueron rechazados.
El acuerdo con las universidades
En paralelo al proceso judicial, el pasado 10 de junio el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes.
El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33%, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, una ampliación de los fondos para hospitales universitarios hasta $50.000 millonesy un incremento del 50% en las Becas Manuela Belgrano.
Además, las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias el 15 de septiembre, con el objetivo de evaluar nuevas actualizaciones salariales en función de la inflación y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2024.