Milei oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica: venderán el 49% de las acciones

El Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de privatizaciones: este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 695/2025, que autoriza la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Qué establece el decreto

El texto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, dispone que el Estado transferirá a manos privadas el 49% de las acciones de NA-SA, mientras que conservará el 51% restante para mantener el control de las decisiones estratégicas.

De acuerdo con la Ley de Bases 27.742, la administración nacional debe preservar la mayoría accionaria y la capacidad de veto en aspectos clave, como:

  • Proyectos de expansión de la capacidad energética.
  • Construcción de nuevas instalaciones nucleares.
  • Eventual retiro de alguna central del servicio por motivos no técnicos.

El paquete del 49% será ofrecido “en bloque” a través de un proceso de licitación pública nacional e internacional.

Cómo queda la estructura accionaria

Actualmente, la composición de NA-SA es la siguiente:

  • Ministerio de Economía: 79%.
  • Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): 20%.
  • Energía Argentina (Enarsa): 1%.

Con el nuevo decreto, esas participaciones deberán transferirse a la Secretaría de Energía, que será la encargada de llevar adelante la operación de venta.

Un paso más en el plan privatizador

La privatización parcial de Nucleoeléctrica se suma a la lista de empresas estatales que el Gobierno libertario incluyó en su programa de desinversión pública tras la sanción de la Ley Bases. El objetivo, según la Casa Rosada, es “reducir la presencia del Estado en sectores estratégicos, pero sin perder la capacidad de decisión sobre activos sensibles para la seguridad energética nacional”.

La medida generó reacciones en la oposición y en el ámbito sindical, donde ya anticipan que buscarán frenar la iniciativa por considerar que afecta la soberanía energética del país.