La muerte de Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su departamento de Palermo, desató una investigación que combina el presunto robo de medicamentos hospitalarios, consumo de sustancias de alto riesgo y la posible existencia de reuniones clandestinas dentro del ámbito médico.
El caso quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien investiga una presunta administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hasta el momento, hay dos imputados en la causa.
Una muerte bajo sospecha
El 20 de febrero, Zalazar —quien trabajaba como anestesiólogo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez— fue encontrado muerto en su vivienda. Según el informe policial, el cuerpo presentaba signos compatibles con la administración intravenosa de sustancias.
La autopsia determinó como causa congestión y edema pulmonar y meningoencefálico, aunque los investigadores buscan confirmar si se trató de una sobredosis de propofol y fentanilo.
Tres días después del hallazgo, el Hospital Italiano denunció el faltante de anestésicos, lo que dio origen formal a la investigación. Posteriormente, allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad permitieron establecer que parte de los fármacos encontrados en el domicilio del médico provenían de ese centro de salud.
Los imputados y la hipótesis de las “Propo fest”
En el avance del expediente fueron imputados Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos vinculados al área de Anestesiología del Hospital Italiano.
Los dos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y enfrentan cargos por administración fraudulenta.
En paralelo, el caso sumó repercusión tras la viralización de un audio que menciona las llamadas “Propo fest”, supuestas reuniones donde profesionales de la salud habrían utilizado anestésicos como el propofol con fines recreativos.
Si bien ese material no forma parte formal del expediente, la fiscalía analiza otra línea de investigación: la posible organización de “viajes controlados”, experiencias pagas en las que se administraban sustancias para inducir estados de relajación bajo supervisión.
La Justicia intenta determinar si existió una red organizada detrás del desvío de medicamentos y si estos eran utilizados en contextos ilegales, lo que podría agravar la situación procesal de los imputados en los próximos días.