El organismo que defiende los intereses del Estado enfrenta una fuerte reestructuración. Investigan si hubo filtración de documentos confidenciales en el litigio por la expropiación de YPF.
En medio de uno de los juicios internacionales más sensibles para la Argentina, la Procuración del Tesoro de la Nación despidió a 60 empleados por sospechas de filtraciones de información confidencial relacionadas con el caso YPF.
Según trascendió, los exempleados habrían sido acusados de facilitar documentación sensible a los fondos demandantes, entre ellos Burford Capital, en el juicio por la estatización de la petrolera iniciado tras la expropiación de 2012.
A través de un comunicado, el organismo que encabeza Santiago Castro Videla indicó que la medida responde a una “profunda reestructuración” con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir el gasto público y reforzar los principios de transparencia, profesionalismo y resultados concretos.
“Este recorte histórico busca adecuar la estructura del organismo a los principios de austeridad y fortalecer la defensa eficaz del Estado”, indicaron desde la Procuración.
El caso YPF cobró nueva relevancia luego de que la jueza neoyorquina Loretta Preska ordenara a Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes. Sin embargo, esa medida fue apelada y actualmente está en suspenso.
En este contexto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, presentó un escrito en calidad de amicus curiae apoyando la postura argentina. Según los fiscales estadounidenses, el fallo de Preska podría sentar un precedente riesgoso, ya que implicaría que un bien estatal puede utilizarse para el pago de una deuda privada, algo que violaría el principio de inmunidad soberana.
La intervención del gobierno norteamericano busca evitar jurisprudencia que afecte a otros Estados en situaciones similares. Este respaldo se suma al expresado en 2023 por la administración de Joe Biden, que también advirtió que el fallo violaba normas internacionales de soberanía.
Mientras tanto, la Justicia argentina investiga otras irregularidades dentro de la Procuración, entre ellas, una licitación sospechada para el edificio ubicado en Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires.