Los propietarios de la droguería Suizo Argentina presentaron ante la Justicia un escrito solicitando la nulidad absolutade la causa que los investiga por presuntos sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El planteo apunta a que la investigación se basa en audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, los cuales —según la defensa— habrían sido obtenidos de manera ilegal y adulterada.
El reclamo de la defensa
El abogado Martín Magram, representante de Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, aseguró que el proceso judicial vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, generando un “inconmensurable perjuicio reputacional” a ciudadanos sin antecedentes penales y poniendo en riesgo el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.
El escrito fue presentado el viernes, mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la compañía en el barrio de Belgrano. Allí, según la defensa, se exigió acceso a correos electrónicos y claves de sistemas informáticos de la empresa.
“Caza de brujas” y cuestionamientos a la prueba
Magram calificó la investigación como una “caza de brujas”, criticando la metodología de allanamientos, secuestro de objetos personales y extracción de datos de dispositivos privados. Según su visión, el procedimiento “remite a etapas de la historia argentina donde la mera sospecha bastaba para perseguir y encarcelar”.
Respecto de los audios que desataron el escándalo, el abogado enfatizó que no deberían tener validez probatoria, salvo que se ignore la Constitución y se habilite que cualquier persona actúe como detective privado para dañar a terceros, sean rivales políticos, empresariales o personales.
Riesgo de impacto en la salud pública
En su presentación, los dueños de Suizo advirtieron que la continuidad de la causa y las medidas restrictivas podrían afectar la cadena de provisión de medicamentos, en un momento en que la atención pública está centrada en los allanamientos simultáneos en la ANDIS y en la droguería.
La estrategia de la defensa busca no solo frenar el avance de la investigación, sino también instalar la idea de que se trata de un proceso irregular que amenaza con consecuencias graves para el sistema sanitario.