La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina abrió un nuevo capítulo en la interna sindical. Tras el avance del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, sectores gremiales reclaman profundizar el plan de lucha y convocar a un paro general de 36 horas antes del debate definitivo en el Senado de la Nación Argentina.
El proyecto, que debe regresar a la Cámara alta luego de que Diputados eliminara el artículo 44 sobre licencias médicas, quedó a un paso de convertirse en ley. Ese escenario generó fuertes cuestionamientos dentro del movimiento obrero.
Presión para endurecer el plan de lucha
Los gremios más combativos, nucleados en el Frente Sindical Unidad, presionan al triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo para avanzar con una medida de fuerza de 36 horas: 12 horas de movilización y 24 horas de paro activo.
Entre quienes impulsan esa postura se encuentra el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, que llamó a escalar el conflicto en la previa al tratamiento en el Senado.
La estrategia de la conducción cegetista
Sin embargo, en la cúpula de la CGT analizan un camino alternativo. Dirigentes como Cristian Jerónimo y Jorge Sola plantearon la posibilidad de judicializar la ley y cuestionar su constitucionalidad una vez que sea promulgada.
Desde la central obrera reconocen que las movilizaciones y el paro general previo no lograron frenar la sanción en Diputados, por lo que ahora evalúan la vía judicial como principal herramienta.
Un escenario sindical fragmentado
Mientras algunos sectores apuestan a la confrontación directa y otros a la estrategia legal, también aparece una tercera línea que mira hacia el armado político de cara a 2027 como eventual vía para revertir la reforma.
El Consejo Directivo de la CGT volverá a reunirse en los próximos días para definir los pasos a seguir, en un contexto de creciente tensión interna y con el Senado como próxima instancia clave para el futuro de la norma.