La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un duro revés al presidente Donald Trump al declarar inconstitucionales los aranceles generalizados que había aplicado bajo una ley de emergencia nacional. El fallo, adoptado por seis votos contra tres, establece que el mandatario excedió sus facultades al imponer gravámenes sin autorización expresa del Congreso.
La sentencia fue redactada por el presidente del tribunal, el juez John Roberts, y respalda el criterio de instancias inferiores que ya habían cuestionado la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para rediseñar la política comercial.
El eje del conflicto
El Gobierno había invocado la IEEPA, una norma de 1977 concebida para situaciones excepcionales vinculadas a la seguridad nacional, como fundamento para aplicar aranceles masivos a bienes importados.
Sin embargo, la Corte concluyó que la Constitución estadounidense reserva al Congreso la potestad de establecer impuestos y aranceles. Según el fallo, el Ejecutivo no puede asumir esa competencia sin una autorización clara y específica del Poder Legislativo.
La decisión también refuerza la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, que exige respaldo parlamentario explícito cuando una medida tiene alto impacto económico o político.
Impacto global
La resolución judicial tiene consecuencias más allá de Washington. Los aranceles habían afectado a múltiples socios comerciales, incluidos China y la Unión Europea, y habían sido utilizados como herramienta de presión en negociaciones internacionales.
Analistas advierten que el fallo podría alterar el rumbo de la política comercial estadounidense y modificar el equilibrio en las tensiones comerciales globales.
Además, la sentencia abre interrogantes sobre el futuro de los más de 175.000 millones de dólares recaudados bajo el esquema arancelario ahora anulado, ya que podrían presentarse reclamos de reembolso.
Qué margen le queda a la Casa Blanca
Si bien la Corte bloqueó los aranceles aplicados bajo la IEEPA, el Gobierno aún podría recurrir a otros instrumentos legales para imponer tarifas comerciales. No obstante, el fallo limita significativamente el margen de acción del Ejecutivo y refuerza el rol del Congreso en la definición de la política económica exterior.
El precedente marca un punto de inflexión en la discusión sobre el alcance del poder presidencial y el equilibrio institucional en Estados Unidos.