El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% sobre las importaciones de productos semiacabados de cobre y derivados industriales. La medida, que entrará en vigencia el 1º de agosto, busca limitar la dependencia externa de este recurso clave y fomentar el consumo de producción nacional.
La decisión excluye expresamente al cobre en bruto, incluyendo minerales, concentrados, matas, cátodos, ánodos y chatarra, que continuarán ingresando sin arancel adicional. Según voceros oficiales, la disposición fue tomada en base a una investigación del Departamento de Comercio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que autoriza restricciones comerciales por motivos de seguridad nacional.
Cobre estratégico y mercado en alerta
Estados Unidos importó en 2024 más de 17.000 millones de dólares en productos relacionados al cobre. El principal proveedor fue Chile, que exportó a EE.UU. por un valor de 6.000 millones de dólares. Con este nuevo esquema, los productos semiacabados provenientes del exterior serán fuertemente gravados, mientras que el insumo básico seguirá sin restricciones.
El mercado ya había anticipado esta jugada. En días previos, el precio del cobre cayó un 18% ante rumores de posibles restricciones. Finalmente, la cotización logró una leve recuperación, ubicándose en torno a los U$S 5,1310 por libra, a la espera de una definición sobre el cobre bruto, clave para sectores como la construcción, telecomunicaciones y automotriz.
El impacto industrial y la estrategia nacional
Además del arancel, la orden presidencial obliga al mercado estadounidense a consumir al menos un 25% de la chatarra de alta calidad producida internamente, en un intento por fortalecer la autosuficiencia industrial y proteger empleos en sectores metalúrgicos.
Aunque la medida generó reacciones mixtas entre los socios comerciales, no tomó por sorpresa a la industria estadounidense, que ya venía ajustando su cadena de suministros ante la perspectiva de un proteccionismo renovado.
La iniciativa refuerza el perfil económico nacionalista de Trump y se inscribe dentro de una estrategia de reindustrialización y seguridad estratégica, que podría impactar tanto en relaciones comerciales globales como en los costos internos para sectores clave.