Una investigación de la Policía de la Ciudad permitió desbaratar una organización delictiva integrada por internos de cárceles bonaerenses que llevaban adelante maniobras de sextorsión a través de redes sociales.
El caso se inició a partir de múltiples denuncias de víctimas y fue impulsado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, con intervención de la UFIJ N°8 de Berazategui. Las pesquisas permitieron reconstruir un esquema sofisticado que combinaba engaños virtuales, manipulación psicológica y amenazas.
Cómo funcionaba el engaño
Según la investigación, los delincuentes contactaban a sus víctimas por plataformas como Instagram y TikTok, donde se hacían pasar por supuestos reclutadores. Bajo la promesa de trabajos como modelos de ropa interior, solicitaban fotos o videos con el argumento de armar un “book profesional”.
Una vez que obtenían el material, iniciaban la extorsión. Exigían dinero o forzaban a las víctimas a participar en videollamadas con contenido sexual, bajo la amenaza de difundir las imágenes entre familiares y contactos.
Extorsión doble y perfiles falsos
El mecanismo incluía una segunda etapa aún más compleja. Con el material obtenido, los acusados creaban perfiles falsos para atraer a hombres. Luego, simulaban ser efectivos policiales y los acusaban de haber interactuado con menores de edad.
A partir de esa falsa imputación, exigían pagos para evitar supuestas denuncias judiciales. En algunos casos, incluso ofrecían el material como si las víctimas fueran trabajadoras sexuales, ampliando el alcance del fraude.
Operativos y detenciones
Los procedimientos se llevaron a cabo en distintas unidades penitenciarias, entre ellas Sierra Chica y Merlo, donde estaban alojados los principales sospechosos. El líder de la banda ya contaba con antecedentes por delitos similares cometidos desde prisión.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital, cuyo análisis resultó clave para confirmar la operatoria y la participación de los implicados.
El caso vuelve a poner en foco el crecimiento de delitos digitales y la necesidad de reforzar los controles en entornos virtuales, especialmente ante modalidades que combinan anonimato, manipulación y amenazas.