El Gobierno nacional busca desactivar el conflicto en el transporte público y evitar un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras la reducción de frecuencias que ya afecta a miles de usuarios.
La Casa Rosada convocó a las empresas del sector a una reunión clave que se realizará este jueves a las 11, encabezada por la Secretaría de Transporte. En paralelo, las autoridades anticiparon que en las próximas horas se depositarán fondos adeudados para aliviar la situación financiera de las compañías.
Según explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, la deuda acumulada asciende a unos $115.000 millones, de los cuales se prevé transferir cerca de $56.000 millones en lo inmediato. Sin embargo, desde el sector empresarial fueron cautos: “Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, advirtieron.
Frecuencias reducidas y servicio al límite
En los últimos días, varias líneas comenzaron a recortar servicios como medida de presión ante el incremento de costos, especialmente por la suba del gasoil, que acumuló un aumento cercano al 25% en el último mes.
Esta situación ya se traduce en largas filas, demoras prolongadas y unidades colapsadas en puntos clave del AMBA, generando malestar entre los pasajeros que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
El reclamo por subsidios y costos
El conflicto se originó por el pedido de las empresas de actualizar la estructura de subsidios. Según señalan, el cálculo oficial quedó desfasado frente al precio real del combustible: mientras el Gobierno tomó como referencia un valor cercano a $1744 por litro, actualmente ronda los $1915.
Esta diferencia impacta directamente en los costos operativos y, según el sector, pone en riesgo la continuidad del servicio.
Cómo funciona el esquema actual
El sistema de subsidios al transporte se define mensualmente en función de variables como la cantidad de pasajeros y los recorridos de cada línea. Actualmente, el Estado cubre aproximadamente el 65% del costo del boleto, mientras que el 35% restante lo pagan los usuarios.
En total, se destinan cerca de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema, aunque las empresas consideran que ese monto resulta insuficiente frente al contexto actual.
La negociación en marcha será clave para determinar si el servicio logra normalizarse o si el conflicto escala hacia una paralización que afectaría a millones de personas en el AMBA.