El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que lo obliga a transferir $2,5 billones a las universidades públicas.
La presentación fue realizada por la Procuración General del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, mediante un mecanismo de “per saltum”, que busca acelerar la resolución del conflicto evitando instancias judiciales intermedias.
Desde la Casa Rosada sostienen que la norma es “imposible de cumplir” porque no contempla de dónde saldrán los fondos y advierten que su ejecución comprometería el equilibrio fiscal.
La ley, sancionada en agosto de 2025 con amplio respaldo opositor, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes, actualizada por inflación, además de garantizar el financiamiento de gastos operativos, becas estudiantiles y hospitales universitarios.
También incluye una cláusula de actualización automática mensual basada en el índice de inflación del INDEC, así como auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación.
El conflicto se intensificó luego de que la Justicia ratificara la vigencia de la norma y fijara un plazo —ya vencido— para que el Ejecutivo cumpla con la transferencia de fondos. En paralelo, continúan las protestas en universidades de todo el país en reclamo de su implementación.
Desde el oficialismo ya habían intentado frenar la ley mediante un decreto que suspendía su ejecución, pero esa estrategia fue rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Ahora, el máximo tribunal deberá definir si acepta el planteo del Gobierno y revisa la constitucionalidad de la norma, en un caso que combina tensión política, conflicto presupuestario y reclamos del sistema universitario.