El gobierno bonaerense separó de sus cargos a 24 efectivos de la Policía tras detectar que apoyaban políticamente al ex comisario Maximiliano Bondarenko, hoy candidato de La Libertad Avanza. La acusación: organizar un «golpe al comando institucional» dentro de la fuerza. El caso genera preocupación por el cruce entre política y seguridad en plena campaña.
En un hecho sin precedentes, el gobernador Axel Kicillof ordenó el desplazamiento de 24 jefes y oficiales de la Policía Bonaerense tras una investigación interna que reveló una presunta confabulación política dentro de la fuerza. La denuncia apunta directamente al apoyo encubierto de estos efectivos al ex comisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la estratégica Tercera Sección Electoral.
Según detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la intervención se disparó tras una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos. “La presentación fue muy completa, con nombres, conversaciones, audios y pruebas que demostraban que se estaba armando una estructura política desde dentro de la policía”, aseguró el funcionario.
La gravedad de las acusaciones encendió alarmas en el Ejecutivo provincial. Se detectó que los implicados utilizaban oficinas públicas, recursos logísticos y hasta computadoras oficiales para planificar una eventual toma de control institucional de áreas clave de la fuerza. “El objetivo era instalarse como nuevos responsables, mediante un esquema que constituía un golpe interno al comando de la Policía Bonaerense”, agregó Alonso.
El epicentro: la Policía Ecológica
Las auditorías internas se concentraron en la Policía Ecológica, donde —según fuentes oficiales— se encontraron las principales pruebas. Entre el material secuestrado figuran documentos impresos, registros digitales y conversaciones de WhatsApp que confirmarían la organización de una estructura paralela para apoyar la candidatura de Bondarenko y promover una reforma interna de corte político.
“El accionar detectado violó abiertamente la ley orgánica de la fuerza, que prohíbe la participación partidaria de los efectivos”, enfatizó Alonso. La ley también impide la actividad gremial de los uniformados, por lo que cualquier estructura con lógica organizativa o política representa una falta grave.
El gobierno de la provincia decidió avanzar con la desafectación inmediata de los implicados y giró las actuaciones a la Justicia. “No se trata de un hecho político vinculado a que Bondarenko sea candidato, sino de una acción insubordinada que podía sentar un precedente nefasto dentro de la estructura policial”, remarcaron desde el Ministerio de Seguridad.
Bondarenko: de concejal a candidato libertario
Maximiliano Bondarenko fue concejal de Florencio Varela y actualmente responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Su postulación fue promovida por Karina Milei como parte de una estrategia para ganar terreno en distritos históricamente peronistas.
El sábado por la noche, el propio Bondarenko confirmó su candidatura a través de redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a diputado por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a La Libertad Avanza”. En su mensaje, apuntó contra “la inseguridad, el narcotráfico y el abandono” que, según dijo, “arrasan con nuestros barrios”.
Su discurso replica el eje discursivo del presidente Javier Milei, quien a principios de año propuso la intervención federal de la provincia tras episodios de violencia en el conurbano. El mandatario nacional habló incluso de aplicar políticas de “tolerancia cero” inspiradas en los modelos de Rudolph Giuliani y Gary Becker.
Un caso con derivaciones políticas
La decisión del gobierno bonaerense ocurre en un contexto tenso para el oficialismo, que además enfrenta una interna con La Cámpora tras el conflictivo cierre de listas. La oposición, en tanto, ya capitaliza el episodio como parte de su narrativa sobre el supuesto descontrol institucional y la necesidad de “orden”.
Desde el entorno de Kicillof aseguran que el operativo fue “estrictamente institucional” y que el Ejecutivo actuó “conforme a la ley” para impedir un precedente que ponga en riesgo la autoridad dentro de la Policía. “Algunos pensaron que el gobierno no iba a actuar. Pero si no se tomaba una medida, se generaba un antecedente gravísimo”, advirtieron.
Javier Alonso fue más allá: “Se hablaba de purgas, de reformas, de pasar a retiro a jefes para ubicar a este grupo en lugares de poder. Era una operación interna, planificada y ejecutada desde adentro de la institución”.
El futuro judicial de los desplazados aún es incierto, pero la decisión ya marca un antes y un después en la relación entre política y fuerzas de seguridad en la provincia. El avance de figuras policiales con ambiciones electorales y vínculos partidarios pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la politización de las fuerzas armadas del Estado?