Miles de personas se congregaron este jueves frente al Congreso de la Nación para exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y será tratada hoy en el Senado. La movilización fue convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, e incluyó familiares, profesionales de la salud, docentes y trabajadores del sector.
Bajo el lema “No se trata de privilegios, se trata de derechos”, los manifestantes reclamaron el aumento de fondos, la regularización de pagos a prestadores y la actualización de aranceles, ante lo que califican como un “colapso total y absoluto” del sistema de atención a personas con discapacidad. La crisis afecta a más de 250.000 personas con discapacidad y a unas 150.000 trabajadoras y trabajadores del área.
“Estamos frente a una vulneración sistemática de derechos. No podemos permitir este maltrato”, expresó Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, en una reciente exposición ante la Comisión de Salud del Senado. Desde el Foro denuncian que la desfinanciación por parte del Estado pone en riesgo servicios esenciales como los centros de día, talleres protegidos y prestaciones terapéuticas.
Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto de ley prevé declarar la emergencia hasta diciembre de 2027 e impulsa una serie de medidas clave:
- Regularización de pagos y actualización inmediata de aranceles a prestadores.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas, para garantizar su acceso y continuidad.
- Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo auditorías y mejoras en su base de datos.
- Transparencia: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre el presupuesto y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas transitorias para instituciones y trabajadores del sector.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en base a criterios físicos, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.
- Impulso a los talleres protegidos y centros de día, fundamentales para la inclusión laboral y social.
- Cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público.
La movilización nacional también tuvo réplicas en otras provincias, reflejando la urgencia del reclamo. El tratamiento en el Senado será clave para definir si el Estado responde a una situación límite que, según advierten las organizaciones, ya no admite demoras.