El conflicto legal internacional por el control de YPF sumó nuevos actores en los tribunales de Nueva York. Fondos como Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee solicitaron a la jueza Loretta Preska acceder al 51% de las acciones de la petrolera estatal argentina, actualmente en manos del Estado nacional. Esta medida se basa en fallos previos por deuda en default y busca adelantarse en la ejecución frente a los demandantes del juicio por la expropiación de la compañía.
El reclamo se enmarca en la misma causa que semanas atrás concluyó con un fallo adverso para la Argentina, en el que la jueza Preska ordenó la entrega de las acciones de YPF a los fondos Petersen/Eton y Bainbridge. Sin embargo, los nuevos demandantes afirman tener sentencias anteriores y por eso piden prioridad en el cobro.
La información fue revelada por Sebastián Maril, de la consultora Latam Advisors, quien detalló que estos fondos ahora se amparan en la figura legal del “me too” para replicar los efectos de decisiones judiciales previas. El objetivo: ser incluidos en el proceso de ejecución sobre el activo más valioso en juego, el paquete accionario estatal de YPF.
En sus presentaciones, los nuevos acreedores argumentaron que sus fallos firmes por bonos impagos los habilitan a exigir el traspaso de bienes del Estado argentino. Apuntaron directamente al control accionario sobre la petrolera, cuyo valor consideran clave para garantizar el cumplimiento de las sentencias.
El gobierno nacional, por su parte, solicitó la suspensión de la sentencia que ordena la entrega del 51% de YPF, alegando que es jurídicamente inaplicable. A través de esta estrategia, busca frenar una medida que podría tener un impacto institucional y económico significativo.
La controversia ahora gira en torno a quién tiene prioridad para cobrar con las acciones de la petrolera: los fondos con sentencias por expropiación, como Bainbridge y Petersen/Eton, o los que cuentan con fallos previos por deuda soberana impaga. La decisión que tome la jueza Preska podría sentar un nuevo precedente en la compleja saga judicial que enfrenta la Argentina en el exterior.