Momentos de tensión se vivieron este viernes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, cuando un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio para exigir respuestas ante los recortes en programas de asistencia y la falta de actualización salarial.
Entre los participantes había trabajadores del organismo, profesionales de la salud, familiares y prestadores que reclaman desde hace meses por la falta de pagos y por las condiciones laborales precarias dentro de la agencia. La protesta comenzó en la calle, pero se desbordó cuando los manifestantes rompieron el vallado y forzaron el ingreso al edificio.
“La gente explotó, no nos escuchan”
Según contaron los empleados, dentro del lugar había muy poco personal de seguridad y apenas algunos trabajadores administrativos que quedaron encerrados en sus oficinas. Uno de los delegados sindicales expresó su malestar ante los medios:
“Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”.
La ANDIS atraviesa una profunda crisis institucional y financiera. Los empleados denuncian atrasos en los pagos a prestadores, demoras en pensiones y certificados, y una creciente falta de recursos para cubrir tratamientos y medicamentos esenciales.
Una emergencia que sigue sin fondos
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la emergencia nacional en discapacidad, pero la medida fue suspendida hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, justificó la decisión en la “falta de financiamiento específico”.
La suspensión generó el rechazo de asociaciones civiles y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes advierten que el retraso “pone en riesgo la atención de miles de beneficiarios”.
Mientras tanto, la tensión en la sede de Belgrano refleja un malestar que crece en todo el país entre prestadores, familias y trabajadores del área, que reclaman una respuesta urgente a lo que describen como “una situación límite”.