El conflicto judicial por la expropiación de YPF volvió a escalar en los tribunales de Estados Unidos. El fondo Burford Capital solicitó que la Argentina sea declarada en desacato por no cumplir con una orden judicial vinculada al proceso de discovery, mientras que el Gobierno respondió con una denuncia por “hostigamiento” y ratificó que no entregará información que considera protegida por la Constitución.
El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien ya había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la forma en que se realizó la reestatización de la petrolera en 2012. Según los demandantes, la Argentina incumplió una orden que exigía la entrega de correos electrónicos y mensajes de chat de funcionarios y exfuncionarios.
El reclamo por desacato y las posibles sanciones
Burford sostiene que el incumplimiento habilita sanciones severas, entre ellas multas de hasta un millón de dólares por cada día de demora y medidas procesales que podrían acelerar la ejecución del fallo. El fondo afirma que el Estado argentino actúa como si mantuviera inmunidad frente a la jurisdicción estadounidense, pese a las resoluciones ya dictadas.
El pedido apunta tanto contra el Estado nacional como contra YPF, bajo el argumento de que la negativa a entregar la documentación solicitada impide avanzar en la investigación sobre el control estatal de la empresa y su eventual condición de “alter ego” del Gobierno, un punto clave para intentar embargar activos en el exterior.
La respuesta del Gobierno y la estrategia de defensa
Desde la Casa Rosada rechazaron el planteo y acusaron al fondo de inversiones Burford Capital de ejercer presión indebida. La defensa argentina sostiene que los mensajes reclamados corresponden a comunicaciones personales protegidas por garantías constitucionales y que la orden judicial excede tanto el derecho argentino como el estadounidense.
Además, el Gobierno remarcó que YPF no puede ser responsabilizada de manera directa por una decisión soberana adoptada por el Estado en el marco de la expropiación, y recordó que la sentencia de fondo ya fue apelada ante una instancia superior.
El impacto económico y lo que viene
La magnitud del reclamo preocupa por su impacto potencial. Con intereses y penalidades, el monto total en discusión ya supera ampliamente la capitalización bursátil de YPF y se acerca a niveles que podrían afectar seriamente el frente financiero argentino, especialmente en un contexto de búsqueda de financiamiento externo y acumulación de reservas.
El calendario judicial prevé nuevos intercambios de escritos en las próximas semanas y no se descarta que la jueza deba resolver si corresponde declarar el desacato o postergar la decisión hasta que se pronuncie la Cámara. En paralelo, sigue latente la posibilidad de una negociación extrajudicial, aunque las posiciones siguen muy alejadas.
Mientras tanto, el caso YPF se consolida como uno de los mayores pasivos legales de la Argentina en el exterior, con implicancias directas sobre la inversión, la credibilidad internacional y la estrategia económica del país.