El Congreso Nacional comenzó a definir el cronograma legislativo con el que el oficialismo buscará avanzar en dos de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei antes de fin de año: el Presupuesto 2026 y una ley fiscal que introduce sanciones a los funcionarios que incurran en gastos por encima de los ingresos. Sin embargo, en el propio oficialismo reconocen que la reforma laboral no tendrá avances significativos en diciembre y que su debate se extenderá hacia 2026.
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza apunta a acelerar los tiempos para aprobar el Presupuesto esta misma semana. El plan es constituir este lunes las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, emitir dictámenes entre martes y miércoles y llevar el proyecto al recinto el miércoles 18. La intención es que el Senado pueda iniciar el tratamiento la semana siguiente y avanzar hacia la sanción definitiva antes del 30 de diciembre.
Según fuentes parlamentarias, el objetivo es cerrar el año con el Presupuesto aprobado, aun en un contexto de negociaciones ajustadas y sin mayorías propias. En ese esquema también se incluiría la llamada ley de compromiso fiscal, que forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.
El Senado, en cambio, aparece como el principal foco de incertidumbre. Este martes a las 11 se realizará la primera reunión de labor parlamentaria entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque para ordenar la conformación de comisiones y definir una agenda de trabajo. El oficialismo prevé que Ezequiel Atauche continúe al frente de la Comisión de Presupuesto y que Patricia Bullrich presida la de Legislación del Trabajo, clave para la reforma laboral.
Allí se abrirá una negociación compleja con la oposición. Los libertarios no cuentan con mayoría ni con la primera minoría en la Cámara Alta y necesitan acuerdos para acelerar los tiempos. La estrategia que se evalúa es iniciar el tratamiento del Presupuesto el lunes 22, emitir dictamen al día siguiente y buscar la sanción definitiva en la semana del 30. Desde el entorno presidencial repiten que, si no hay acuerdo, el Gobierno está dispuesto a prorrogar el Presupuesto 2023.
Dentro de la oposición conviven dos posturas: una que apuesta a dilatar los debates para exhibir las dificultades de gobernabilidad del oficialismo, y otra que evalúa facilitar el tratamiento exprés del Presupuesto —incluso sobre tablas— para evitar que el Congreso sesione en la previa de Año Nuevo.
En cuanto a la reforma laboral, el propio oficialismo admite que no hay margen para avanzar en diciembre. Si bien se espera iniciar reuniones informativas en comisión, los tiempos no alcanzan siquiera para lograr una media sanción en el Senado. Por eso, en la Casa Rosada ya se barajan dos escenarios: convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias hacia fines de enero o, de manera más realista, retomar el debate recién en febrero de 2026.
De este modo, mientras el Presupuesto aparece como la prioridad inmediata del Gobierno, la reforma laboral se perfila como una discusión más larga y conflictiva, que marcará buena parte de la agenda parlamentaria del próximo año.