El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes una reestructuración integral de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que introduce cambios sustanciales en el sistema de inteligencia nacional y amplía de manera significativa las atribuciones del organismo.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y de todo su Gabinete, modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Desde la oposición advirtieron que el decreto implica un fuerte empoderamiento de los servicios de inteligencia y genera preocupación por el avance de un esquema con rasgos policíacos.
Inteligencia encubierta y mayor poder operativo
Uno de los puntos más sensibles del DNU establece que todas las actividades de inteligencia pasarán a tener carácter “encubierto”, en lugar de “secreto”, como regía durante etapas anteriores. El texto sostiene que esta definición responde a la “sensibilidad estratégica” de las tareas que realiza el sistema de inteligencia.
Además, la norma habilita a los agentes de la SIDE a aprehender personas, una facultad que estaba expresamente vedada por la legislación vigente. También autoriza al organismo a requerir asistencia técnica o logística de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, un punto que reabre el debate sobre la separación entre defensa nacional e inteligencia interior, establecida tras el retorno de la democracia.
“Esto implica la creación de una policía secreta”, denunció el exdiputado Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
Nueva estructura del sistema de inteligencia
El decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito permanente de coordinación que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales, bajo la conducción directa de la SIDE.
En paralelo, se conforma la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia de manera directa, pero aportan información estratégica. Entre ellos figuran Cancillería, Justicia, Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones, el RENAPER, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Dirección General de Aduanas.
Ciberseguridad, contrainteligencia y control interno
Otro cambio relevante es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia digital.
La Agencia de Seguridad Nacional, en tanto, cambia su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia, con funciones centradas en la detección preventiva de amenazas como espionaje, sabotaje e injerencia extranjera.
En el plano interno, la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditar recursos, investigar irregularidades y evaluar el funcionamiento de los organismos del sistema.
Reordenamiento militar y conducción centralizada
El decreto también dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar superposiciones históricas.
La SIDE queda consolidada como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos reservados y centralizar la designación y remoción de autoridades en los organismos desconcentrados. La conducción política del área recae en el entorno presidencial, donde tiene un rol clave Santiago Caputo, mientras que el titular del organismo es Cristian Auguadra.
Debate abierto en el Congreso
Tal como establece la legislación, el DNU será girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez. Hasta entonces, el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001, bajo el argumento de mejorar la coordinación, la eficiencia y el control del esquema, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas y geopolíticas.