La Justicia rechazó allanar a Jorge Rial y defendió la protección de las fuentes periodísticas

El conflicto entre el Gobierno y la prensa sumó este martes un nuevo capítulo. El fiscal federal Carlos Stornelli rechazó el pedido de allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, solicitado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Stornelli determinó que, si bien corresponde investigar la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo, el allanamiento no puede llevarse a cabo ya que la Constitución garantiza el derecho de los periodistas a resguardar sus fuentes de información.

“No se puede hurgar en las fuentes”

En su dictamen, el fiscal fue categórico: “No se puede hurgar en las fuentes de los periodistas, merezcan el concepto que merezcan por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”.

Agregó que la investigación deberá avanzar para determinar si existió un hecho delictivo y, en su caso, identificar a los responsables, pero sin vulnerar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protección de las fuentes periodísticas.

Bullrich denunciada por abuso de autoridad

La postura de Stornelli llega en paralelo a la denuncia penal contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien consideró que el pedido de allanamientos a periodistas y al medio Carnaval Stream tenía como único fin “amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.

En la denuncia original del Ministerio de Seguridad, el abogado Fernando Soto había solicitado secuestrar servidores, discos rígidos y documentación vinculada a la difusión de los audios de Karina Milei. Para Dalbón, se trata de una medida “manifiestamente contraria a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Un escenario de tensión

El rechazo judicial representa un revés para el Gobierno de Javier Milei y refuerza el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de prensa. En medio de la campaña electoral, el caso promete seguir sumando capítulos en los tribunales y en la arena política.