La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general en rechazo a la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y que será debatida en la Cámara de Diputados. La medida, que podría concretarse el jueves 19 de febrero o el miércoles 25, tendrá alcance nacional y se realizará sin movilización al Congreso.
El foco estará puesto en el transporte, ya que distintos gremios anticiparon su adhesión y eso podría paralizar gran parte de la circulación en el país.
Transporte público: cese casi total
Desde la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmaron que garantizarán el paro total de los medios de transporte de pasajeros durante la jornada.
En la misma línea, el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, adelantó que el transporte “va a paralizar su tarea por 24 horas”, incluyendo colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas.
De concretarse la adhesión plena de los sindicatos, los servicios afectados serían:
- Colectivos urbanos y de media distancia, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde circulan más de 300 líneas.
- Trenes metropolitanos y de larga distancia, operados por Trenes Argentinos y concesionarias privadas.
- Subtes y Premetro, en caso de confirmarse la adhesión de los gremios del sector.
- Servicios de cargas ferroviarias.
- Vuelos comerciales, si los gremios aeronáuticos ratifican su participación.
La definición final sobre la participación de la UTA —que nuclea a los choferes de colectivos— será clave para determinar el nivel de impacto en el AMBA.
Otros sectores que podrían verse afectados
Además del transporte, la medida de fuerza impactaría en:
- Escuelas y universidades públicas
- Bancos y organismos públicos
- Industrias y fábricas
- Comercios y servicios, principalmente en grandes centros urbanos
La central obrera definirá oficialmente la fecha en las próximas horas, en función del cronograma legislativo en Diputados. El objetivo es que el paro coincida con el tratamiento del proyecto en el recinto, como forma de presión política durante el debate.
Por el momento, la medida está planteada por 24 horas, aunque desde la conducción sindical no descartan ampliar el plan de lucha según el resultado de la votación en el Congreso.