El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) cuestionó duramente el aumento del 29% y 35% dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el último trimestre del año y advirtió que la medida es “insuficiente y fuera de los parámetros de la ley”, en medio de lo que describen como una de las peores crisis del sistema prestacional en décadas.
“El anuncio del Gobierno es absolutamente insuficiente. No respeta la ley y no cubre ni la mitad del atraso arancelario. Llega tarde y mal, con instituciones endeudadas para pagar sueldos, honorarios y cargas sociales”, expresó Alex Goldman, referente de CAIDIS.
Un aumento que llega tarde
Según el sector, el incremento no resuelve el atraso acumulado de más del 70% en los aranceles, congelados durante casi dos años. Además, los nuevos valores recién se cobrarán entre marzo y abril de 2026, debido al esquema de facturación a mes vencido y los habituales plazos de pago que pueden superar los 90 días.
“Mientras el Gobierno habla de previsibilidad, las instituciones se sostienen con deuda. Los aumentos se licúan antes de llegar a las cuentas”, explicó Goldman, quien alertó que el cierre de centros y servicios se multiplica en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Reclamos judiciales y ley incumplida
Ante la falta de respuestas, CAIDIS y otras entidades del sector presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793).
El pedido también apunta al pago de la compensación económica adeudada, que según estimaciones del sector supera los dos años de mora.
“Nos encontramos en estado de alerta. Si no se aplica la ley, miles de instituciones van a seguir cerrando, con la pérdida de empleos y la interrupción de terapias esenciales”, advirtió el dirigente.
Un sistema al borde del colapso
El sistema de atención a personas con discapacidad atiende a más de 300.000 personas en todo el país e incluye servicios educativos, terapéuticos, médicos, de transporte y acompañamiento especializado. La mayoría son brindados por organizaciones privadas o sin fines de lucro, que dependen de los aranceles oficiales.
Con el deterioro del financiamiento, muchas instituciones redujeron personal, suspendieron talleres y acotaron terapias. En algunos casos, los pacientes quedaron sin atención por el cierre definitivo de centros especializados.
“Esto no es solo un reclamo económico, es una emergencia social y humana. Si el Estado no reacciona, el sistema se desmorona”, concluyó CAIDIS.