El Gobierno nacional avanzó un nuevo paso en su plan de desregulación económica, al eliminar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, oficializada mediante la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca reducir la intervención estatal y simplificar los procesos productivos de una de las industrias más emblemáticas del país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta decisión “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo, para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para el consumo del vino”.
Un nuevo modelo de control
El cambio implica que el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la producción —como la cosecha, la elaboración o el transporte— para concentrarse en la verificación de los productos finales embotellados.
De esta forma, el organismo controlará únicamente que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados, dejando de lado la fiscalización de los procesos internos de las bodegas.
Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales.
El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto, espumosos, plantas de fraccionamiento, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
Menos burocracia y más libertad para el sector
Sturzenegger celebró la decisión y afirmó:
“La industria del vino ya mostró lo que puede dar. Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Pero el consumo global está cambiando: necesitamos darle flexibilidad y libertad para adaptarse.”
El funcionario detalló que en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas, lo que —según dijo— reflejaba “un régimen desmedido y burocrático”.
“Hay bodegas que recibían una inspección cada dos días. Con este cambio, los inspectores solo tomarán muestras de los productos embotellados, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”, sostuvo el ministro.
Finalmente, Sturzenegger concluyó:
“Ya no andarán los inspectores interfiriendo en la producción. La inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlas como delincuentes? Menos burocracia significa más libertad y menos oportunidades para la corrupción.”
Con esta medida, el Gobierno busca simplificar la estructura regulatoria y favorecer la competitividad del sector vitivinícola, clave en las exportaciones argentinas.