En medio del recorte más profundo del Estado en las últimas décadas, el vocero presidencial Manuel Adorni salió este martes a respaldar con énfasis la política de disolución y fusión de organismos públicos dispuesta por el presidente Javier Milei, quien firmó un nuevo paquete de decretos justo antes del vencimiento de las facultades delegadas extraordinarias.
«El verdadero ajuste ha sido siempre el aumento del gasto público», publicó Adorni en sus redes sociales, contradiciendo la mirada tradicional sobre la austeridad fiscal. Su declaración llegó horas después de que se oficializara la eliminación o transformación de más de 20 organismos clave, lo que eleva a más de 100 las estructuras estatales suprimidas desde el inicio de la gestión libertaria.
Entre las dependencias eliminadas figuran entidades de alto impacto social como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas, el INADI y el Instituto Nacional del Cánamo y el Cannabis Medicinal, entre muchas otras. En algunos casos, los organismos fueron transformados en unidades internas de ministerios, perdiendo su autonomía operativa y presupuestaria.
Además, se crearon nuevas entidades centralizadas, como la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, que concentrará la gestión de hospitales nacionales. Desde el Ejecutivo argumentan que los cambios apuntan a “optimizar recursos” y “reducir estructuras ineficientes”.
El mensaje de Adorni, que relativiza la pérdida de funciones estatales, se inscribe en el discurso oficial que considera que achicar el Estado es una condición necesaria para el crecimiento económico. Sin embargo, sectores políticos y sindicales cuestionan fuertemente el impacto de estas medidas sobre servicios esenciales y el empleo público.
Desde la oposición se advirtió que el cierre de organismos como Vialidad Nacional o la CNRT puede generar riesgos directos en la infraestructura y la seguridad vial. Incluso la CGT difundió un comunicado en el que alertó que la falta de mantenimiento en rutas podría derivar en mayores niveles de siniestralidad.
Pese a las críticas, la Casa Rosada sigue avanzando con su plan de reorganización institucional. El paquete más reciente incluye también autorizaciones para privatizar empresas estatales como Intercargo, Energía Argentina y Corredores Viales S.A., así como la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, lo que deja abierta la puerta a su eventual venta.
Mientras el oficialismo celebra lo que define como un “reordenamiento estructural”, crecen las tensiones con gobernadores, gremios y organizaciones sociales que denuncian un desmantelamiento sin precedentes del Estado.