El Tribunal Oral Federal N.º 7 retoma este jueves las audiencias del juicio por la Causa Cuadernos, luego del intento fallido de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido. En esta etapa, la fiscalía expondrá la parte medular de su acusación: la descripción de un presunto sistema de recaudación ilegal que habría funcionado dentro del Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
La jornada se concentrará en las últimas 47 páginas del requerimiento de elevación a juicio, donde se detalla un mecanismo que, según la fiscalía, estuvo estructurado de manera organizada y jerárquica. El esquema describiría dos canales principales de recaudación: uno basado en retiros directos de dinero desde empresas por parte de funcionarios o sus enviados, y otro a través de intermediarios financieros encargados de recolectar fondos producto de retornos pactados previamente con contratistas de obra pública.
De acuerdo con la acusación, compañías como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían sido parte de un circuito de pagos motivados por la expectativa de beneficios concretos, como adjudicaciones favorables, agilización de expedientes o autorización de certificaciones y ampliaciones.
La fiscalía sostiene que el análisis de llamadas, movimientos financieros, visitas registradas, adjudicaciones y los apuntes de Oscar Centeno permiten trazar conexiones consistentes entre la entrega de dinero y decisiones estatales. Ese entramado, según el Ministerio Público Fiscal, configura un mecanismo sistemático y sostenido en el tiempo.
Uno de los ejes centrales de la exposición será la estructura de mando y el destino final de los fondos. El equipo acusador apunta a que existió un esquema centralizado con un “comando ejecutor” y define dos lugares como receptores principales: un departamento ubicado en la calle Uruguay y la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los bolsos con dinero. La fiscalía postula que Muñoz era el receptor final y que Cristina Fernández de Kirchner actuó como jefa de la asociación ilícita.
Si el tiempo lo permite, la audiencia también avanzará sobre el rol de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación de Planificación. Según la acusación, fue la pieza operativa clave del circuito, actuando como nexo directo entre empresarios, intermediarios y funcionarios, además de coordinar rutas, fechas y procedimientos para la recolección de fondos.
La Causa Cuadernos investiga 540 episodios de presuntos pagos ilegales vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015. En total, 87 personas están siendo juzgadas, entre ellas la expresidenta, varios exfuncionarios y más de cincuenta empresarios de sectores estratégicos. La fiscalía deberá demostrar la coherencia de los testimonios de los imputados colaboradores y sostener que existió un sistema de recaudación estructurado tal como describen los cuadernos.