La administración de Axel Kicillof anunció que volverá a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de fondos previsionales adeudados por el Gobierno nacional. El reclamo formal será presentado este martes por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en busca de una resolución judicial similar a la obtenida por Córdoba y Santa Fe en causas similares.
Según detalló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la deuda corresponde a $1.603.648 millones en transferencias de ANSES a la caja previsional provincial. “Vamos a pedir que la Corte se expida sobre su competencia en la causa y que convoque a una audiencia entre las partes, como ya hizo con otras provincias”, afirmó en conferencia de prensa.
Bianco también cuestionó la inacción del Máximo Tribunal frente al reclamo presentado originalmente en abril de 2024: “En otras causas sí hubo movimientos, pero en la nuestra no”. La nueva presentación busca reactivar el expediente y presionar por una resolución que permita a la provincia recuperar los fondos.
El reclamo se enmarca en un contexto más amplio de tensión financiera entre Nación y la provincia de Buenos Aires. Un documento oficial difundido por la gobernación estima que:
- La deuda total del Gobierno nacional con la PBA asciende a $3 billones.
- Las obras públicas comprometidas y no ejecutadas suman casi $7 billones.
- Y los retrasos o discontinuidades en programas nacionales representan otros $2 billones adicionales.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, también se sumó al reclamo, afirmando que el Gobierno de Javier Milei paralizó más de 1.000 obras en los 135 municipios bonaerenses: “Ya son 600 días sin obras. El plan del Gobierno nacional es que la obra pública no vuelva más”, denunció. Y agregó: “Se recaudaron $3,6 billones en impuestos para infraestructura que no fueron ejecutados como establece la ley”.
El conflicto suma un nuevo capítulo a la disputa por los recursos federales, con la provincia más grande del país redoblando la presión judicial para conseguir fondos que, según sostienen las autoridades bonaerenses, son clave para sostener el sistema previsional y continuar con obras paralizadas.